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Cuando Nuestro Señor Jesucristo fue cuestionado sobre si era lícito o no contribuir con el impuesto que el Imperio Romano exigía al pueblo de Israel, respondió que habría que dar «al César lo que es del César, y a Dios, lo que es de Dios» (Mt 22, 21). ¿Intentó decir con esto que la participación en la política era incompatible con la búsqueda de una vida según la voluntad del Señor? Al contrario, con sus palabras, Jesús mostró que habría que atribuir un valor justo, tanto a las obligaciones civiles como a las divinas.

Siguiendo esta enseñanza del Redentor, la Iglesia entiende que toda obligación civil que cada cristiano tiene que cumplir no ha de evitarse bajo la justificación de que se deben realizar ciertas tareas religiosas, ni viceversa, ningún deber civil debe impedir el pleno cumplimiento de la vocación a la que Dios llama a cada hijo suyo. Como apuntó el papa emérito Benedicto XVI, cuando aún era cardenal: “los actos específicamente religiosos (profesión de fe, cumplimiento de actos de culto y sacramentos, doctrinas teológicas, comunicación recíproca entre las autoridades religiosas y los fieles, etc.) quedan fuera de la competencia del Estado, el cual no debe entrometerse ni para exigirlos o para impedirlos, salvo por razones de orden público. El reconocimiento de los derechos civiles y políticos, y la administración de servicios públicos no pueden ser condicionados por convicciones o prestaciones de naturaleza religiosa por parte de los ciudadanos.”[1]

De hecho, el Concilio Vaticano II refiere que el compromiso ciudadano es una responsabilidad insoslayable: “los fieles laicos de ningún modo pueden abdicar de la participación en la ‘política’; es decir, en la multiforme y variada acción económica, social, legislativa, administrativa y cultural, destinada a promover orgánica e institucionalmente el bien común”.[2] Ello es así porque, como Antonio Argandoña sugiere, toda acción encaminada al bien común redunda en beneficio individual: “la persona tiene el deber de conseguir el bien para sí, pero solo puede conseguirlo si consigue también el bien de la sociedad, la cual se orienta hacia la persona, cuya dignidad es superior al bien de la comunidad.”[3]

Es decir, la Iglesia alienta la intervención política de los fieles laicos, bajo la recomendación de que toda decisión sea coherente y compatible con la fe católica y con la ley moral natural, para lo cual formula criterios de actuación para guiar al pueblo de Dios en el discernimiento de la voluntad divina.

En este sentido, la caridad se consolida como el eje sobre el que se articulan los principios que la Doctrina Social de la Iglesia (DSI) considera necesarios para el pleno desarrollo de la vida en sociedad. Dichos principios tienen un carácter permanente, y son: la dignidad de la persona humana, el bien común, el destino universal de los bienes, la subsidiaridad, la participación y la solidaridad.[4] Así, a través de los valores de verdad, libertad y justicia, la DSI exhorta a ver, juzgar y actuar en favor del bien común por la vía de la caridad, procurando la igual dignidad de todo ser humano, desde el vientre materno hasta la muerte natural. Es decir, la voluntad política de los fieles debe adecuarse al criterio de moral cristiana para que, con sus propios dones y facultades, procuren construir una vida democrática con fundamentos éticos sólidos. Esto es apremiante en un contexto donde el relativismo moral queda justificado por leyes que se contraponen al “principio de la intangibilidad de la vida humana”.[5]

En consecuencia, para alcanzar una convivencia social encaminada a la consecución del bien común, la participación de los fieles es crucial. Empero, la acción de los laicos en la esfera social, política e incluso empresarial, ha de desarrollarse desde un liderazgo de servicio caritativo por el que otras personas se sientan motivadas a procurar el bien de los demás, recordando la enseñanza de Jesús: “el que quiera ser grande, que se haga servidor” (Mt 20, 26). Si la humilde obediencia a este mandato se logra, indica Agnieszka Marek, “Dios está en el centro de la vida, el trabajo, las decisiones y las acciones de los líderes católicos, porque están preocupados de que el trabajo quede completado no solo para el progreso terrenal sino también para el desarrollo del Reino de Dios, por lo que, combinan la realización de los deberes con la oración.”[6]

De este modo, sostiene el papa Francisco en la encíclica Laudato Si’ (53), los líderes católicos podrán construir nuevos caminos para “atender las necesidades de las generaciones actuales incluyendo a todos, sin perjudicar a las generaciones futuras [,y] crear un sistema normativo que incluya límites infranqueables y asegure la protección de los ecosistemas, antes que las nuevas formas de poder derivadas del paradigma tecno económico terminen arrasando no solo con la política sino también con la libertad y la justicia.”

[1] Congregación para la Doctrina de la Fe. Nota doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política. 2002, 6. Recuperado de: www.vatican.va  num6

[2] Ibid.

[3]Antonio Argandoña, “El Bien Común”, IESE Business School – Universidad de Navarra, Documento de Investigación DI-937, julio, 2011, p. 4. Recuperado de: https://media.iese.edu/research/pdfs/DI-0937.pdf (Fecha de consulta: 22-01-2021).

[4] Pontificio Consejo «Justicia y Paz», Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, capítulo cuarto (160-208). Disponible en: www.vatican.va

[5] Congregación… op. cit.

[6] Agnieszka Marek, “Leadership in Catholic Social Teaching”, Annales Etyka w życiu gospodarczym, diciembre 2010, p. 1. Traducción propia. Recuperado de:

https://www.researchgate.net/publication/291808655_Leadership_in_Catholic_Social_Teaching (Fecha de consulta: 02-02-2021)